¿por qué matar a los perros?

Posted on marzo 30, 2006 por

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Hace unas semanas las autoridades sanitarias de Santiago ordenaron el exterminio de unos treinta perros que vivían en la Plaza de la Constitución, a la que da el Palacio de Gobierno -el palacio que conoce todo el mundo, porque las imágenes de su bombardeo por los aviones de Pinochet recorrieron todo el planeta. La matanza ha causado la indignación de los defensores de los derechos animales, de organizaciones vinculadas a la protección animal y de la ciudadanía en general.
Ha costado nada menos que dos semanas descubrir al autor de la orden de exterminio, que se mantuvo oculto y en las sombras durante todo ese tiempo.
Es un señor de apellido Ilabaca, director de la autoridad sanitaria de Santiago. Este señor ordenó el exterminio en vísperas del cambio de mando en el Palacio de La Moneda. Presuntamente consideró de mal gusto tener perros en la plaza mientras tomaba lugar la importante ceremonia. Sin embargo, declaró que los perros eran vagos y que estaban probablemente infectados de rabia, supuestamente tras haber sido mordidos por murciélagos, y que en general los perros callejeros constituyen un peligro para la salud pública.
Sin embargo, que esos perros puedan ser llamados vagos es discutible. Desde hace tres años o más un grupo de vecinos y trabajadores (empleados, funcionarios, dueños de kioscos) de los alrededores de Plaza de la Constitución habían formado un grupo que se ocupaba de la alimentación de esos perros (proveyéndoles cada día) de su alojamiento (algunos dormían en los kioscos) y de su salud (todos habían sido vacunados y esterilizados a costas del grupo de vecinos y algunos de ellos, que sufrían de otras dolencias, estaban bajo tratamiento). Todos esos perros además tenían el collar que entrega la misma autoridad sanitaria a perros que, justamente, no son considerados callejeros. El señor Ilabaca, además, violó el reglamento de su propio departamento, que autoriza las campañas de exterminio de perros sólo en casos de epidemias o evidente peligro para la salud pública, que no era el caso. Es evidente que Ilabaca mintió, que el motivo real del exterminio fue probablemente la ceremonia de cambio de gobierno, y que los perros, según los informes médico-veterinarios de ellos, que todos tenían, no tenían rabia. Ni hay murciélagos con rabia en el centro de Santiago. Así, la ciudadanía ha pedido que se despida a ese señor de esa función. Debe quedar claro, mediante esa medida drástica, que estas acciones son francamente inaceptables. Es inaceptable mentir a la ciudadanía para ocultar una medida desastrosa, y es inaceptable ordenar el exterminio de perros cuando no hay motivo alguno que lo justifique.
El silencio que ha guardado el gobierno de Bachelet sobre el asunto habla muy mal de ella. Ilabaca debe ser despedido, así como los funcionarios que obedecieron sus órdenes.
Como en el caso de violaciones de derechos humanos, no es posible pensar que los autores materiales no sepan que cuando se les ordena torturar, golpear o matar están actuando fuera de la ley y cometiendo violaciones graves de ellas y de los derechos humanos. Ha de esperarse que esos funcionarios (soldados o policías) se nieguen a ejecutar esas órdenes y que si no queda otra alternativa, deben proceder a la neutralización del oficial que imparte esas órdenes. Toda otra conducta es delictiva y deber ser castigada. Si un subalterno accede a la ejecución de esa órdenes ilegales, debe ser perseguido y condenado de la misma manera que sus autores intelectuales.
En el caso de los perros debe aplicarse el mismo razonamiento. No es posible pensar que los autores materiales de la matanza no supieran que actuaban al margen de la ley al exterminar a perros sanos. La primera evidencia de que actuaban fuera de la ley es que ellos sabían que el señor Ilabaca no esperó ningún informe que hubiese pedido sobre la salud de las mascotas. Las mandó matar sin base alguna y afirmándose únicamente en su autoridad.
Para que un crimen semejante no vuelva ocurrir las autoridades políticas deben castigar al autor intelectual y a los funcionarios menores que le obedecieron.
El incidente ha desencadenado una serie de sucesos espantosos: ha inspirado a estudiantes universitarios a colgar a un perro como parte de un ritual de iniciación, ha incitado a otros a poner veneno en alimentos para mascotas, ha alentado a otras autoridades (las de Cartagena) a la comisión de crueldades similares. El clima actual de indefensión de las mascotas es intolerable y es urgente que políticos de buena fe y con el corazón bien puesto propongan una legislación de protección animal que ponga fin a estos desmanes autoritarios.
Independientemente de lo que piensen algunas autoridades, la sociedad chilena considera a las mascotas como miembros de la familia y se les trata normalmente como tal. Es común ver que a los perros callejeros se les alimente, e incluso, como en el caso de los perros de Plaza de la Constitución, se les cobije por las noches o se lleve al veterinario para ser esterilizados o sometidos a tratamiento otros males. En el barrio donde vivo, los vecinos han construido unas casetas para los perros callejeros; ahí viven, ahí duermen. Se ganan su merienda como guardianes de la calle.
Así tratan los ciudadanos a los perros. ¿Pretenderán las autoridades que empecemos a verlos como enemigos a los que hay que exterminar? Pero la ciudadanía, al contrario, piensa que si están enfermos, ha de cuidárseles y llevarles al matasanos, igual haríamos con cualquiera de nosotros. Y matar a un perro, un ser totalmente indefenso, entregado enteramente a nuestro cuidado para vivir como nosotros, es ciertamente un crimen que ha ser penalizado. Las mascotas deben tener derechos. Y uno de ellos es el derecho a no ser matadas impunemente, a no ser sometidas a muertes tan injustas como espantosas.
Y el nuevo gobierno socialista hace mal en no tomar medidas y guardar silencio. Esa actitud la aleja de una ciudadanía que está clamando que se legisle para que actos atroces como ese no vuelvan a ocurrir.

mérici

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