animalistas del otro lado de la barricada

Posted on agosto 14, 2012 por

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[Hoy declaró en fiscalía Luis Utreras, que denunció las matanzas ilegales de perros ordenadas por el alcalde de San Joaquín. Pese a que la fiscalía busca a los que resulten responsables, en 2008, cuando ocurrió una de las masacres filmadas por Utreras, la municipalidad, bajo la evidente autoridad del alcalde, ofrecía servicios de eliminación de perros –como muestra la fotografía-, que ya eran enteramente ilegales. Todos sabemos quién es el responsable de las matanzas.]

[Claudio Lísperguer] Hoy me enteré de un escandaloso desarrollo: Luis Utreras, el funcionario de la municipalidad de San Joaquín que denunció la campaña de matanzas ilegales de perros el año pasado, debió declarar en la fiscalía en calidad de imputado. Se le acusa de ser el responsable o autor de las matanzas denunciadas. Agréguese a esta aberración que quienes lo acusan, aparte del propio alcalde, son tres organizaciones relacionadas habitualmente con el bienestar y la protección animal: ProAnimal, Edra y Vida Animal. ¿Qué está pasando?

A fines del año pasado un canal de televisión difundió un video hecho por Luis Utreras en el que se mostraba una matanza de perros callejeros en una plaza de la comuna de San Joaquín, en Santiago. El video había sido filmado hacía dos años, que fue el tiempo que le tomó al funcionario atreverse a hacerlo público y denunciar las persistentes matanzas. Utreras, que fue despedido por el alcalde Sergio Echeverría, denunció la estructura puesta en operación por el edil para continuar con las matanzas ilegales. Como se sabe, matar a perros callejeros como estrategia de control de la población canina está prohibido, lo mismo que matarlos sin motivos justificados relacionados con un peligro inminente para la salud pública (como el contagio de rabia, por ejemplo). La pena por maltrato animal puede incluir multas y una pena de prisión de hasta tres años. Por esta razón, los alcaldes parias recurren a estrategias de encubrimiento para que su participación no se descubra o, en caso de ser descubiertos, para que los responsables sean otros. En el caso de San Joaquín, el responsable directo era Luis Donoso Santana, el jefe de la sección de Higiene y Medio Ambiente, que recibía órdenes del alcalde (teleperra). El veneno para matar a los perros lo recibía Higiene y Medio Ambiente ilegalmente de la universidad privada Iberoamericana (en teleperra). Utreras era chofer de esa sección. El jefe de Higiene fue apartado, aunque se comenta que encontró rápidamente empleo en el campo de los partidarios de Echeverría.
Utreras no participaba directamente en las matanzas, vale decir, no perseguía ni engañaba a los perros para inyectarles el veneno ni metía en sacos de basura a los perros agonizantes. Las órdenes las recibía el equipo de funcionarios del jefe de la sección, y el equipo mismo estaba formado por otros tres funcionarios (en teleperra). Utreras sólo trasladaba a los funcionarios hacia los lugares escogidos para llevar a cabo las matanzas.
Originalmente Utreras había tomado contacto con la organización ProAnimal, que lo animó a difundir el video prometiéndole ayuda jurídica. Nada de esto ocurrió y hoy la organización bienestarista (financiada por la WSPA [World Society for the Protection of Animals], un organismo internacional que defiende los intereses de la industria ganadera y del gremio veterinario) se encuentra acusando al denunciante como responsable de las matanzas, utilizando como prueba el propio video que filmara Utreras. Mérici ha explicado en otro lugar las dificultades que deben superar los funcionarios municipales para desobedecer una orden, aunque sea esta ilegal. Pese a la retórica de leyes que obligan a los funcionarios a denunciar actos ilegales de sus superiores, a fin de cuentas están obligados a obedecer so pena de despido. Los alcaldes son verdaderos señores feudales de sus comunas y como en el caso de Utreras, pueden despedir impunemente a cualquier funcionario que no obedezca sus órdenes.
Pero acusar al chofer de la sección Higiene Medio Ambiente y andar buscando a quien resulte responsable de esos crímenes es atrozmente ridículo, toda vez que en la propia página web de la municipalidad de San Joaquín, evidentemente bajo responsabilidad de su alcalde, se ofrecían en esos años, oficialmente servicios de eliminación perros –un delito considerado grave, y que era sabido, por denuncias anteriores y documentos que circularon ampliamente, que el alcalde Echeverría estaba detrás de las matanzas.

El daño que van a causar al movimiento animalista estas organizaciones es incalculable. ¿Qué funcionario se va a atrever ahora a denunciar matanzas y otros actos ilegales relacionados con los perros cuando organizaciones que se presentan como animalistas primero les engañan y luego atacan y llevan a juicio en tribunales, protegiendo y encubriendo de hecho a los verdaderos responsables? ¿Qué interés pueden tener estas organizaciones para hacer algo tan estúpido y monstruoso? ¿Son realmente animalistas? Sabemos que ProAnimal en realidad es un grupo de infiltrados de la industria ganadera, ¿pero las otras dos? Con esta actitud inexplicable y aberrante, estas organizaciones se ponen del lado de los enemigos de animales y animalistas.
Es increíble la patente mediocridad de la fiscalía. ¿Qué interés podrían tener unos funcionarios en realizar matanzas de perros de la calle? El veneno mismo es bastante caro (40 mil pesos la unidad de T-61): ¿quién lo pagaba? ¿Se puede creer que lo pagaban los funcionarios, año tras año, de sus propios bolsillos? Y ¿por qué estos presuntos animalistas ofrecen primero ayuda al denunciante y luego lo abandonan y acusan de ser el responsable de las matanzas? ¿Por qué atacar a la persona que hizo posible descubrir que el alcalde continuaba con esas matanzas? ¿Qué intención tienen estas organizaciones bienestaristas?

Creo que desde un punto de vista ético tampoco se debe adoptar una postura rígida que obligue a algunos a condenar con la misma dureza tanto a las autoridades responsables de esos crímenes como a los funcionarios que los denuncian. Utreras ha dicho que siempre sufrió por esas matanzas y que le tomó dos años reunir el coraje suficiente y la entereza para arriesgar que lo despidieran si efectuaba la denuncia. Es lo que hizo. Su situación es enteramente atendible. Nadie nace animalista. Comprender la situación de los animales en nuestra sociedad, compartir su sufrimiento y participar en acciones para impedirlo son cosas que toman tiempo. Algunos nos convencemos. Otros no se convencen nunca. Y hay unos que demoran menos o más que otros. Así es. ¿Se puede reprochar a Utreras que tomó demasiado tiempo en acoger la causa de la protección animal? Eso es derechamente ridículo. Es gracias a Utreras que la opinión pública se enteró de las matanzas, de las infamias ordenadas bajo autoridad del alcalde (como engañar a los vecinos para sacar a los perros de sus casas diciéndoles que se los llevaban para exámenes médicos y matarlos apenas desaparecían de su vista; entrar a patios a sustraer perros), de la participación de una universidad privada en el suministro ilegal de venenos y de la existencia de una red edilicia que permite que los protegidos del alcalde encuentren empleo cuando el alcalde ya no puede prolongar su empleo en la municipalidad.

Utreras no está en la barricada de los enemigos de los animales y del pueblo animalista. En esa barricada están el alcalde Echeverría y esas organizaciones animalistas torcidas, los traficantes de veneno y la Universidad Iberoamericana, los otros funcionarios que saben la verdad y siguen callando. Es Utreras quien merece todo nuestro apoyo.
lísperguer